Desde la polis griega, donde se asientan las bases de la democracia, con altibajos debido a las diversas circunstancias históricas, las sociedades occidentales van evolucionando, aunque muy lentamente, en la universalización de ciertos valores que conducen hacia el estado democrático moderno, en el que se incorporan derechos civiles, económicos y sociales para la ciudadanía.
En la actualidad española desde la Constitución de 1978, el país se establece como Estado Social y Democrático de Derecho que se ha fundamentado en un modelo político de democracia representativa, incapaz de incorporar a los ciudadanos en los asuntos públicos y con una ciudadanía prácticamente pasiva sin una participación real en las decisiones.
En una España que después de cuarenta años de dictadura pasaría a ser un país aparentemente nuevo desde el punto de vista político, con la ilusionante propuesta de una Constitución que iba a garantizar los derechos y libertades tan ansiadas por el pueblo, y con una ciudadanía sin formación política, se aceptaron, sin poder cuestionarlas, las condiciones propuestas del poder sobre un nuevo modelo de Estado, una democracia parlamentaria que iba a proporcionar estabilidad y legitimidad al pueblo mediante sufragio universal. Muchos españoles y españolas sintieron emoción al depositar en las urnas aquella papeleta que los acreditaba como “ciudadano de primera” y con la que daban el SI a la democracia.
Desde la muerte de Franco hasta hoy, siete presidentes han conseguido el gobierno en España y han pasado por una democracia en la que el jefe del Estado no lo fue por elección popular.
El deterioro de un estado de bienestar del que se presumía se venía anunciando por los estudiosos de la economía, advertencia que se empezó a materializar con un incipiente estancamiento en los derechos ciudadanos disfrutados hasta entonces, y que se fue haciendo más evidente desde el anuncio oficial, hace unos trece años, de la crisis económica de la que nunca hemos terminado de salir (agravada ahora con la pandemia COVID-19 que nos está llevando a un retroceso, de complicado arreglo, en los logros sociales que se habían ido consiguiendo). Esta situación fue usurpando algunos de los más elementales derechos que la última Constitución proclama como son, por ejemplo, el derecho al trabajo, educación, sanidad o a una vivienda digna.
Este país ha protagonizado un bipartidismo político durante años que ha propiciado. por parte de los partidos. la “confusión” del significado de siglas y la manipulación de ideales, conduciendo a una situación en la que las mayorías políticas y/o los ganadores han propiciado un caldo de cultivo para la colonización de los medios de comunicación y algunas instituciones independientes, o facilitado la parcialidad de la justicia. Todo ello encaminaba a un punto en que la población empezaba a replantearse la necesidad de cambios, de un nuevo modelo de Estado más participativo, con un ciudadano que además de derechos y deberes pudiera asumir una mayor responsabilidad sobre la gobernabilidad. Por ello, en un país que ya no podía más, con sueldos muy precarios para los trabajadores, pensiones miserables, con uno de los primeros puestos en el ranking del desempleo en la Unión Europea mientras se rescataba a la banca, y con una presión fiscal asfixiante para la clase profesional y la pequeña empresa, no era de extrañar que surgieran un día, y surgieron, nuevos movimientos que propusieron como objetivo la condición de ciudadano con derechos y deberes políticos en un marco de democracia real, además de un pluralismo político que rompiera con el bipartidismo que había sido hegemónico hasta esos momentos. La sociedad española y algunos grupos asamblearios o de presión, entendieron que era el tiempo de ofrecer alternativas nuevas a una democracia enquistada que llevaba camino de pudrirse si no se actuaba. Surgieron convocatorias como la del 15 M que partió de un grupo minoritario que se decía indignado ante la situación que se vivía en el marco político-social. Estas manifestaciones, y su aparente buen discurso, significaron en su momento un halo de esperanza para una ciudadanía que estaba a punto de no poder más y que ahora, con decepción, puede constatar que: con una corrupción sin parangón conocido desde la Transición, unos poderes fácticos más díscolos cada día y un monarca acusado de cobrar comisiones, la actualidad española no aparece precisamente como un sistema de democracia ejemplar en ninguna de sus vertientes y, hoy, comprobamos desencantados que los buenos y persuasivos discursos solo quedan en eso, y que, al final, en política es muy difícil no sucumbir a los viejos vicios.
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