El pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 629/2022, de 26 de Julio, por el que se procede a modificar la normativa de extranjería y se abre el paso a una regularización masiva de inmigrantes, en puridad, se calcula que unas 60.000 personas se verán beneficiadas de esta norma.
La pandemia puso de relieve la precaria situación en la que vivían estas personas y lo dificultoso que era que pudiesen acceder a las ayudas, cuando muchos no tenían ni cuenta bancaria, y además existen sectores laborales como la hostelería y el campo que están clamando por una solución a sus necesidades laborales porque no encuentran trabajadores al tratarse de profesiones de baja cualificación y con unos rendimientos económicos para el trabajador poco atractivo.
Como abogada especializada en extranjería, hasta ahora solo tenía tres medios para regularizar extranjeros. O bien, el arraigo laboral, con muy pocas viabilidades de éxito porque se exigía al trabajador extranjero probar que había estado trabajando, la mayor de las veces de manera irregular, durante un período de seis meses. Y la dificultad estaba en la prueba, pues cuando acudías a la Inspección de Trabajo a poner la correspondiente denuncia enseguida te informaban que con las pruebas que aportábamos, no quedaba suficientemente acreditado que hubiese existido la relación laboral, con lo que nos dejaban la puerta abierta a la vía judicial donde seguía manteniéndose la misma dificultad probatoria, porque los compañeros del trabajador irregular, no querían acudir al juzgado en calidad de testigos para denunciar a su empleador. No quiero ser crítica porque mi única pretensión es informar en estos momentos sobre las modificaciones que va a introducir el gobierno, y que además alabo, pero había una deficiente labor de la inspección de trabajo, porque si en vez de exigir al trabajador extranjero que probase la relación laboral e hiciese un seguimiento a la empresa denunciada, seguro que acababan encontrando las pruebas que precisaban, porque los empresarios que emplean trabajadores de forma irregular lo hacen de manera continuada, ya que les sale mucho más ventajoso tener un trabajador en estas condiciones, por quien no paga cotizaciones a la seguridad social y además le da un salario irrisorio, que tener trabajadores de forma regular, por lo que, insisto, hubiese sido muy fácil con una labor inspectora adecuada acreditar tales extremos, pero la práctica habitual era requerir al empresario para que manifestase lo que estimase conveniente, el empresario lógicamente no iba a reconocer que tenía trabajadores ilegales, y luego mandaban una carta al denunciante, diciéndole que no tenían suficientes pruebas ante la falta de reconocimiento de la relación laboral por parte del empresario denunciado y ahí se acababa todo, pues realmente no existía mucho interés por parte del Estado de regularizar extranjeros irregulares, y por eso, el año pasado solamente se concedieron 5.902 autorizaciones por arraigo laboral en todo el territorio español.
El otro instrumento que tenía a mi alcance era el arraigo social, que requería que el extranjero pudiese acreditar una permanencia continuada en nuestro país de, al menos, tres años, que tuviese vínculos familiares y un contrato de trabajo de una duración mínima de un año. A las dificultades que se sumaba el hecho de encontrar una oferta de trabajo de un año mínimo de duración, se unían los requisitos económicos y técnicos de forma que lo habitual era que el permiso fuese denegado por no acreditar el empresario la solvencia económica y técnica suficiente para garantizar el empleo al trabajador extranjero, y no en pocas ocasiones, proviniendo la oferta de un mismo empresario, unas veces se concedía el permiso de trabajo y residencia, y otras no, con el mismo argumento, lo que es una prueba de la discrecionalidad con la que actúa la administración y dependiendo muchas veces del criterio del funcionario que conociese del asunto.
Por lo que, al final, la mayor parte de las veces acudíamos a la figura de la protección internacional, el famoso “asilo” para lograr que el trabajador extranjero pudiese residir y trabajar en nuestro país. En este caso nos servíamos de la falta de agilidad administrativa al resolver estos expedientes, que podían demorarse hasta un año hasta obtener resolución en firme, con ello conseguíamos tiempo, mientras el trabajador permanecía en nuestro país y podía trabajar de forma regular. Y cuando todo esto me fallaba, acababa recomendando al extranjero que se buscase una novia española o bien, una de su país que llevase tiempo aquí y pudiese realizar una reagrupación familiar, que al final era la muletilla de la que nos servíamos para poder dotar de derechos a estas personas que las trabas administrativas convierten en ciudadanos de segunda. Pues todos sabemos que existen y trabajan en nuestro país, porque si no trabajasen habría mucha más delincuencia, y como tal, son parte fundamental de nuestra economía porque también consumen. Solo teneis que fijaros en la cantidad de despachos de abogados que han proliferado especializados en extranjería, y sin embargo, administrativamente no existen y no se les reconoce ningún derecho, lo que pone de relieve la hipocresía de nuestra sociedad.
Espero realmente que esta norma permita mejorar la vida de estas personas e incorporarlas a nuestra sociedad como ciudadanos de plenos derechos. Y es falso como creen muchas mentes cerradas que vienen a quitarnos el pan o que solo quieren cobrar ayudas y subsidios, yo fui emigrante, y trabajé todos los días del tiempo que estuve en el exterior, y no cobré ni una sola ayuda y conozco muchos inmigrantes, pues trabajo con ellos diariamente, que son grandes trabajadores, que se dejan la piel de lunes a domingo por un salario mísero para sacar a la luz a su familia, y que nos sacarían los colores a muchos de nosotros si nos midiésemos trabajando con ellos codo con codo. Pero como decía mi abuela:"la ignorancia es muy atrevida". La ignorancia y la estrechez de miras, diría yo.
Imagen de - edad de niebla -