El pasado jueves haciendo zapping llamó mi atención una tertulia televisiva en la que estaban tratando el tema del anteproyecto de ley información clasificada que está actualmente en tramitación y dada la importancia y la repercusión que esta cuestión puede tener en nuestras vidas decidí investigar un poquito lo que estaba sucediendo para que un conocido programa televisivo montase un coloquio en el que participaban ex miembros del Centro Nacional de inteligencia hablando de este tema, que para mí hasta entonces era desconocido.
Como imagino que a vosotros os pasará lo mismo es por lo que hoy quiero dedicar mi artículo semanal a arrojar luz sobre este nuevo proyecto del gobierno que aunque a simple vista parezca no nos afecta, si lo hace y mucho más de lo que pensamos pues va a ser un instrumento a manos de los políticos de turno para decidir lo que los ciudadanos de a pie pueden y deben saber y lo que se les puede ocultar supuestamente bajo el velo de la seguridad y defensa nacional y que además les puede servir para hacer presión política, simplemente amenazando a los contrarios con sacar a la luz los trapos sucios que puedan tener ocultos.
Yo no sabía que nuestra ley de secretos oficiales era del año 1968, es decir, se aprobó justo diez años antes de la constitución española y es una norma franquista, por lo que es fácil adivinar que los derechos de los ciudadanos ni se contemplaban, pero a pesar de ello ha logrado mantenerse vigente hasta nuestros días, lo que hace que la necesidad de una reforma ni siquiera se discuta sino que se contempla como una necesidad imperiosa, el problema es como se ha planteado la misma.
¿Por qué está levantando tantas ampollas este anteproyecto? Voy a intentar resumirlo de la manera más sencilla posible. Si la regulación del 68 no definía ni siquiera qué materias podían ser clasificadas como tal, la actual amplía tanto el abanico que al final se convierte en una especie de cajón de sastre en el que cualquier cosa puede ser ocultada al conocimiento del gran público. Si la norma franquista establecía solamente dos tipos diferentes de materias clasificadas, secreto y reservado, esta nueva propuesta reconoce cuatro: secreto, alto secreto, restringido y confidencial, y que tiene más que ver con el nivel de protección y con la autoridad que puede clasificarlo que con la clasificación en si misma, porque al final se trata de hechos, asuntos, informaciones … que no vamos a conocer porque se va a limitar su conocimiento. Y claro la siguiente pregunta es: ¿quien va a poder limitar el acceso a esta información? En este punto casi prefiero la ley anterior, que solamente reconocía competencia al consejo de ministros y la Junta de Jefes de estado Mayor, órgano que actualmente no existe, pero con la nueva norma casi cualquier autoridad va a poder calificar materia de su competencia de secreta e impedir que sea revelada- ¿Y por cuánto tiempo? Otra de las críticas a la nueva normativa. Casi hasta 65 años puede estar custodiada una información que nos afecte, es decir, que cuando vaya a ser revelada muchos de los interesados ya no vivirán y a los jóvenes de esa generación poco les importará porque ni siquiera sabrán de lo que se está hablando. ¿Veis la importancia de esta ley y como nos afecta?. De aprobarse supondrá que nunca tendremos auténtico conocimiento de hechos que han afectado nuestras vidas como el 23 F, el 11 M o las tropelías del rey emérito o de los Pujol.
¿Y qué pasaría si a pesar de la prohibición se revelasen tales hechos? Pues que nos enfrentaríamos a sanciones económicas muy elevadas que van desde los 50.000 hasta los 3.000.000 de euros, de ahí, que los periodistas, uno de los grupos profesionales más afectados, la califiquen de vuelta de la censura.
Personalmente espero que este proyecto no salga adelante, al menos, en los términos que está planteado, porque de una simple ojeada ya se aprecia su inconstitucionalidad, vulnerando no solamente el derecho a la información del artículo 20 de la Constitución, sino consolidando un comportamiento arbitrario del poder ejecutivo, que no tendrá que dar explicación alguna sobre qué criterio ha empleado para calificar una materia como clasificada ni para mantener tal declaración en el tiempo. Arbitrariedad que está prohibida por el artículo 9.3 de nuestra norma magna, interdicción que constituye uno de los supra principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico y que nuestros políticos se saltan a la torera.
Por limitaciones de espacio no puedo ofreceros un análisis más exhaustivo del anteproyecto pero creo que solo con lo que os he comentado os habréis quedado estupefactos, exactamente como lo he hecho yo. Y lo que más me ha repateado de todo, es cuando en la exposición de motivos de la norma leo que garantiza el principio de transparencia porque, y cito literalmente, “identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación debidamente motivada de la necesidad de limitar el régimen general de acceso a la información clasificada”, explicación que retomando actitudes paternalistas de un pasado ni muy lejano ni muy glorioso irroga al Estado funciones protectoras de sus ciudadanos de a pie, porque los pobres infelices, hay cosas que no pueden ni deben saber, con lo que estamos dando carta blanca a nuestros políticos para que hagan lo que les venga en gana y no podamos exigirles responsabilidades. Para mi esto no es transparencia, y con tanto secretismo a lo único que nos abocan es a un estado limitador de los derechos y libertades que está convirtiendo a su población en auténticos borregos a los que hay que ocultarles la información. Yo quiero saber lo que se hace y por que se hace, esa es la auténtica transparencia y no entiendo como en pleno siglo XXI en un país avanzado como el nuestro y, supuestamente, en un país democrático estén produciéndose este tipo de tropelías a la vista de todo el mundo y que no pase nada. Visto el panorama no me extraña que pensemos que se nos ocultan cosas y que lo que sabemos es a medias, porque a la conclusión que llego es que realmente no sabemos nada y que de vez en cuando nos arrojan alguna migaja para tenernos engañados.
Una ley como está a estas alturas no debería existir. Si la prensa tenía un bozal ahora simple y llanamente el periodismo de investigación va a desaparecer porque no se va a poder publicar si el gobierno así lo decide, entonces para qué tanto trabajo. A la vista de esto realmente creo que nuestra democracia es un mero espejismo y que el abismo entre los ciudadanos y los políticos cada vez es mayor. Ahora os toca opinar a vosotros.
- Imagen de - edad de niebla -