• Merche Toraño

Ofertas políticas y control de calidad



Una característica esencial en el desarrollo de una campaña de Marketing es la orientación al consumidor, aspecto sumamente importante para que la oferta y la demanda puedan estar de acuerdo.


En una oferta política esa interrelación oferta-demanda entre partidos y ciudadanía debe ser primordial para configurar una mercadotecnia política, y es el discurso persuasivo y otras tácticas, si son coherentes, lo que consolidará a posteriori un tipo u otro de mercado político, propiciando una determinada interacción entre esa oferta y demanda.


En el mercado de bienes consumo y servicios ponen mucho cuidado a la hora de dirigirse a los potenciales clientes, otorgándoles en las campañas de publicidad especial protagonismo con mensajes amables y de ciertas garantías, destinadas a conseguir la adhesión perpetua a eso que nos quieren "vender". Pero ¿qué derechos tenemos como consumidores políticos si el producto que hemos comprado, merced a una propaganda que nos ofrecía el oro y el moro, no se adapta después a aquello que nos había motivado a dicha adquisición y, por tanto, no responde a nuestras necesidades ni ideológicas ni de intereses vitales? Y si cuando compramos algo de cierto valor, pedimos una garantía ¿no sería posible en el mercado político optar a algún derecho de devolución, algún aval o alguna fecha de caducidad para políticos de duración perecedera en cuanto a su discurso primigenio?


Sin querer extrapolar hasta la falta de respeto, nada más lejos de mi intención, pero en este mes de enero, época de rebajas, se me ocurre... si podría aplicarse en el mercado político algún principio de los utilizados en el campo comercial como por ejemplo aquello de: "Si no queda satisfecho le devolvemos el dinero” ¿No es posible que se nos otorgue a la ciudadanía la satisfacción de poder pedir la devolución del voto si el producto por el que apostamos estaba ya a punto de rebajarse sin que lo supiéramos o nos enteramos, más tarde, de que las ofertas que nos metieron por los ojos estaban enmascaradas en un excesivo sobreprecio, que lo que hemos obtenido resultó ser una marca falsificada o, sencillamente, que lo que nos prometieron no responde a lo que pretendieron darnos a entender?


Una empresa comercial que aspire a ser competente cuida mucho la atención y la satisfacción del cliente en cuanto al producto adquirido por este, y si el artículo no cumple con las expectativas generadas por los compradores, invierten dinero en estudios de investigación para saber como se puede actuar y mejorarlo de forma, que lo que ofrecen al público sea realmente lo más óptimo para los exigentes con la calidad de una marca.


No ocurre lo mismo en el espacio político donde no tratan al "comprador" como a un elemento inteligente con derecho a exigir sino como a un número en la urna que debe aceptar en las listas electorales a personas que ni en los mismos partidos consideran los mejores y ¡otro error! ni se plantean que ese votante llegue a reflexionar, y cuestionarse después, sobre lo que ha escuchado en los discursos grandilocuentes y redentores.


En el comercio de bienes de consumo, de forma oficial, hay dos campañas de rebajas anuales en las que los excedentes del producto que no han tenido el éxito deseada bajan considerablemente los precios con el fin de dejar espacio para otros nuevos, en la esperanza de una mayor demanda y conformidad de los clientes, y las sobras que quedan de esos saldos las envían, por lo general, a la sección de oportunidades. En el mercado político ocurre lo contrario, lo que ha carecido del suficiente interés para ser valorado en continuidad, es colocado en un "mostrador", con grado de lujo medio o alto, dentro de una empresa pública o privada y, así, la ley de la oferta y la demanda en política se convierte en un toma y daca de reparto, siempre entre los mismos, que desemboca en un charco turbio en cuyas aguas nadan con soltura sectarismos, sesgos, clientes fijos y clanes, circunstancia que rebaja a los ojos de la población la cualificación del sistema de partidos políticos.


Que el ciudadano ha perdido la fe en el producto político es algo que todos percibimos a diario menos los propios partidos, que siguen con sus prácticas, muchas veces irracionales y siempre de beneficio interno. Y en esa especie de ceguera, a menudo deliberada, no se dan cuenta, o sí pero les importa poco, perdidos en otros intereses, que las repercusiones de su forma de responder a la generosidad de los votantes afecta a la propia legitimidad de las ideologías que predican, a la solidez de la democracia y las propias instituciones democráticas. Tampoco parecen dispuestos a querer entender que cuando se produce esa desconfianza de la ciudadanía hacia el material político es que algo falla, y cuando algo falla también algo grave puede ocurrir.


Así las cosas, garantizar calidad y satisfacción al consumidor no parece el verdadero propósito de estos siempre aspirantes al turno de gestionar lo público, y de ello se desprenden consecuencias relacionadas con la pérdida de nuestros derechos y libertades como ciudadanos, consecuencias que agotan nuestra capacidad de creer y nos llevan a pensar que el mercado político, al no existir los mismos controles de calidad que en el de bienes y servicios, es más desconsiderado con sus clientes, llamados en este caso votantes. Y como esos requisitos de control son condición indispensable para los proyectos de cualquier empresa que aspire a ser competitiva, el no tenerlos en cuenta conduce a la desconfianza popular y al envío de los simpatizantes de la marca a los brazos de la competencia, aunque no sea nada más que por probar si la “manufactura” de los otros puede resultar de mayor calidad.


Tendrían que reflexionar sobre ello los líderes de este mercado.

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